¿Financiar al ELN?

Nada parece fácil en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. A pesar del optimismo desatado por el anuncio de un cese al fuego bilateral, se ha generado una nueva controversia acerca de la propuesta del gobierno -aún en estudio- de entregar una financiación a esa guerrilla para que abandone definitivamente la extorsión y el secuestro. 

Es claro que para el gobierno es tan prioritario avanzar de fondo en la negociación y conseguir la desmovilización del ELN, pero en medio del proceso alcanzar unos mínimos humanitarios en aras de reducir a su mínima expresión la guerra o como se solía decir en lo que parece un oxímoron, “humanizarla”. 

Desde agosto empezará a regir el cese bilateral al fuego acordado durante 180 días. Esto es toda una novedad pues las últimas negociaciones entre el Estado y las guerrillas se habían desarrollado bajo las lógicas del conflicto. Ha sido muy difícil acordar un cese paralelo a los diálogos, pues la insurgencia ha considerado que el Estado ha aprovechado los repliegues para lanzar operaciones y este último cree que la guerrilla hace lo propio. 

A esto se suma el enorme esfuerzo de verificación que significa el monitoreo de un cese. En este caso será responsabilidad de un organismo compuesto por el ELN, el Gobierno nacional, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Iglesia. Este será demás el cese pactado más prolongado entre esa guerrilla y el Estado colombiano y la principal ventaja como resulta evidente es que durante medio año, el país tendrá un respiro de la guerra que le permitirá además a las Fuerzas Militares y de Policía centrar sus esfuerzos en otras operaciones de control o para seguir combatiendo otras bandas criminales que han causado estragos en la seguridad. 

La “desventaja” (entre comillas, porque el silenciamiento coyuntural de fusiles jamás puede ser negativo) consiste en la fragilidad del proceso. Cualquier asomo de violación puede causar una crisis que dé al traste con los diálogos. Basta recordar cómo terminó el Caguán en la época de Andrés Pastrana. Si bien el gobierno decidió negociar en medio de la guerra, las acciones de la guerrilla, en concreto el secuestro de Jorge Géchem, puso fin a unas conversaciones que parecían condenadas al fracaso.

El cese bilateral es tal vez el avance más significativo logrado hasta la fecha en el marco de la paz total, un esquema que parecía más retórico que concreto, pero lentamente comienza a tomar forma. 

En medio de la búsqueda por incluir mínimos humanitarios ha asomado la posibilidad de que el gobierno entregue recursos al ELN en compensación por abandonar el secuestro extorsivo. La propuesta deja más interrogantes que respuestas, aún así, se deben abandonar los simplismos en particular el que apunta a que el gobierno estaría “premiando a la guerrilla”. De ningún modo, se estaría pensando simplemente en financiar a una organización para que comience el tránsito definitivo hacia la vida civil y se avizore, de una vez por todas, la dejación de las armas. 

El gran inconveniente corre por cuenta de la viabilidad fiscal de una propuesta de ese tipo. Una desmovilización del ELN y su consecuente postconflicto, acarrean toda una serie de inversiones sociales que serán más prioritarias que la financiación del ELN. El principal inconveniente reside en lo que hace de ese proceso el más complejo de la historia en cuanto a guerrillas: la ausencia de una voluntad expresa por parte del ELN por convertirse en partido político. A diferencia del M19, las FARC o el EPL, los comandantes elenos han dejado claro que no les interesa mutar hacia un movimiento político, pues la salida a la guerra pasa por generar unas condiciones estructurales en lo social, económico y político no necesariamente porque estos pasen el ejercicio de la política. 

En buena parte de los procesos de paz el tema de la financiación del partido o movimiento post negociación es clave, bien sea porque guerrillas tengan un brazo político como ocurrió con el Ejercito Republicano Irlandés (IRA por sus siglas en inglés) y el Sinn Fein, hoy en el poder en Irlanda del Norte, o Euskadi Ta Askatasuna (ETA) con su partido Herri Batasuna o porque se establezca uno como ocurrió con la Unión Patriótica y Comunes en el caso colombiano o el Farabundo Martí en Salvador.  Aún así, con todas las vicisitudes, el gobierno está en el deber constitucional de perseguir la paz sin escatimar ningún esfuerzo.

Profesor de la Universidad del Rosario 
@mauricio181212