¿Pagar por no matar?

No es un secreto que el gobierno colombiano tiene un problema serio de comunicación al que se añaden iniciativas que se anuncian por parte de sus ministros y que no siempre son retomadas, aclaradas y explicadas con el debido detalle. Esto perjudica y afecta la gobernabilidad pues hace pensar con justa causa que no se tiene claro el horizonte y en muchos casos, se dan controversias abiertas entre miembros del gobierno con distintas posturas. Podría ser hasta positivo y reflejo del pluralismo, pero en realidad se empieza a convertir en un problema que atenta contra la consistencia ideológica y política necesarias para llevar a cabo el tan mencionado cambio. 

Ahora bien, también se debe reconocer el simplismo excesivo con el que se abordan esas iniciativas, muchas veces sin matices y con generalizaciones que empobrecen el debate. Ambas circunstancias, la falta de claridad por parte del gobierno y los simplismos de oposición y de algunos medios, han coincidido en la propuesta lanzada para entregar una ayuda económica a los jóvenes en Buenaventura y que dejen la delincuencia, siempre y cuando no hayan sido condenados por hechos graves como el asesinato. Al margen de que la propuesta sea buena o mala, viable o de imposible realización es urgente que las iniciativas sean discutidas evitando lugares comunes, reducciones y prejuicios.

A partir de lo anterior, se abrió una controversia por el programa Jóvenes en Paz que contempla no solo la creación de 500 mil cupos universitarios, sino un apoyo de un millón de pesos para que estos abandonen la delincuencia. La frase “pagar por no matar” terminó condicionando todos los juicios de valor sobre la propuesta pues ha hecho carrera la idea de que la entrega de esos apoyos significa un estímulo para la delincuencia. Inmediatamente, se conocieron voces en el Congreso que redujeron la propuesta a la idea de que se iba a premiar a la delincuencia, mientras a quienes no incurren en delitos jamás se les extiende una mano. Tal razonamiento no tiene sentido y convierte en caricatura una idea que merece un debate más profundo. No se trata de ninguna manera de premiar, sino de compensar o corregir la ausencia del Estado durante tantos años en varias de las zonas del país y que ha sido definitiva para que algunos jóvenes caigan en el camino de la delincuencia. Esto no puede convertirse en una justificación, sino que debe servir para comprender que la ausencia institucional ha hecho mella, por tanto, la solución requiere la creación de oportunidades que pasan por la educación y el acceso a una manutención. Una cultura punitiva acompañada de la presunción constante de la mala fe, lleva a concebir la inversión social o cualquier intervención del Estado para corregir fallas en el mercado en premio o estímulo a quienes no hacen nada o delinquen. Es la misma lógica de los que consideran que un subsidio al desempleo estimula el no trabajar, una lógica absurda que confunde compensación con incentivo.  

Así ocurrió con el esquema de la justicia restaurativa que contempla soluciones no punitivas para algunas conductas o delitos como el incesto o la inasistencia alimentaria. Planteada la iniciativa por parte de Néstor Osuna, al margen de su viabilidad, terminó reducida a que supuestamente la propuesta promueve el incesto y afectará directamente los derechos de los niños. Lo grave de estos juicios de valor sin fundamento, es que simplifican en exceso un debate al que despojan de matices con lo cual se sigue imponiendo la idea de que solo hay justicia cuando aparece un castigo. 

La asistencia a jóvenes que abandonen la delincuencia en Buenaventura o en otras zonas de marcada ausencia estatal, merece un debate mucho más profundo acerca de sus implicaciones, viabilidad y alternativas. Seguramente no es realizable por los márgenes fiscales estrechos que hacen difícil semejante esfuerzo social o porque existen alternativas más efectivas, pero el diálogo se debe dar. Colombia no puede seguir la costumbre de enterrar iniciativas apoyada en lugares comunes y en una cultura punitiva que presume la mala fe equiparando cualquier correctivo desde el Estado en un estímulo perverso. Se trata en últimas de dejar de equiparar la justicia con el castigo. 

@mauricio181212
Profesor de la Universidad del Rosario