Petro ¿dictador?

Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia han sido varias las voces que advierten sobre una deriva autoritaria con el mismo guion que siguió Venezuela.  A raíz de las marchas multitudinarias de esta semana, varios políticos y manifestantes aprovecharon para tildar al actual mandatario colombiano de “dictador”. María Fernanda Cabal aclaró que las movilizaciones estaban defendiendo la democracia y evitar que el país siguiera el ejemplo de Argentina, Cuba, Nicaragua y Venezuela. En la misma línea, el representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, difundió en sus redes la etiqueta #PetroDictador. En varias de las manifestaciones se podían leer mensajes y pancartas que advertían que Colombia se está convirtiendo en un autoritarismo. ¿Es esto cierto o posible en el corto y mediano plazo?

Colombia está lejos de una deriva autoritaria y aunque las reformas propuestas por el actual gobierno sean susceptibles de justificadas críticas, en ninguna hay asomo de autoritarismo. Tampoco hay indicios en la forma en que Petro ha defendido su programa. En el discurso pronunciado el martes en plena movilización, es evidente la impronta caudillista que el actual mandatario no ha ocultado, como tampoco que uno de sus grandes referentes sea Jorge Eliecer Gaitán. El llamado a la movilización en defensa de sus tres reformas más sustanciales -salud, trabajo y pensiones- debe entenderse como el anuncio de su agenda legislativa y como una forma en que la ciudadanía debe hacer presión sobre el Congreso para su aprobación. Esto último no es deseable pues seguramente contribuirá a una polarización que hace menos posible la construcción de consenso mínimos y en la que nos vamos acostumbrado a descalificar al contradictor, sin siquiera reparar en sus argumentos. En la dictadura no hay separación de poderes, ni garantías para el ejercicio de la oposición. Una manifestación como la del miércoles 15 de febrero no sería posible. Menos aún, que un congresista sistemática y públicamente llame “guerrillero” al “dictador”.   

Es apenas natural sentir temor por algunos de los cambios propuestos y no siempre la pedagogía ha sido la más adecuada. Sin embargo, se debe entender que el proyecto que ganó en las urnas está afincado en la transformación, lo cual tampoco supone un cheque en blanco. Así como en 1998 Andrés Pastrana fue elegido para concretar la paz con unas FARC empoderadas, en 2002 Álvaro Uribe con la promesa de recuperar la seguridad o Juan Manuel Santos en 2014 para acordar la paz con la guerrilla, este gobierno recibió un mandato para un cambio estructural y no se le puede deslegitimar por avanzar en esa dirección. Eso sí, se debe exigir el tránsito de cada decisión por las instancias deliberativas y los controles constitucionales previstos según el Estado de derecho.

El rol de la oposición no se puede limitar a advertir sobre una deriva autoritaria y a tildar a Petro de dictador con la forzada comparación con Venezuela, escenario del que cada día Colombia se aleja más. Hugo Chávez llegó el poder con la promesa de una nueva constitución y trascurridos seis meses de su primera administración, una constituyente ya se encontraba sesionando. Durante su posesión hizo célebre la frase “juro delante de mi pueblo sobre esta moribunda constitución (de 1961) que impulsaré las transformaciones democráticas necesarias…”. Petro se ha declarado defensor a ultranza del pacto constitucional del 91, como congresista, alcalde, candidato y ahora como jefe de gobierno. Colombia está lejos de una refundación en esos términos. El último periodo en el que una deriva autoritaria asomó con fundamento, ocurrió con la introducción forzada de la relección y la política de seguridad democrática cuando censura, autocensura -que incluyó el cierre de medios- e intimidaciones a la oposición fueron regla. Ese panorama es cosa del pasado, aunque la violencia siga empantanando el pluralismo.   

La oposición debe entender la responsabilidad que le cabe y abandonar de una vez por todas, el recurso casi que exclusivo -pero efectivo- a la demagogia y al miedo para desacreditar al gobierno. En esta administración suceden cosas suficientemente criticables en la política económica, en los cambios drásticos acerca de la transición energética, algunos nombramientos que no terminan de convencer y posturas diplomáticas difícilmente justificables. El control político debe centrarse en controvertir esos hechos y advertir sobre posibles errores en las reformas. Esta guerra contra la transformación que ganó en las urnas, solo debilita el Estado de derecho y refuerza el inmovilismo que, por décadas, puso en entredicho nuestra vocación democrática.

Profesor de la Universidad del Rosario
@mauricio181212