La farsa de la Justicia Transicional: Santos y la izquierda contra las víctimas

Sin embargo, en Colombia, el legado de Juan Manuel Santos –ese arquitecto de una "paz" que priorizó su vanidad internacional sobre el dolor nacional– ha sido celebrado por una izquierda complaciente que ve en la impunidad un triunfo revolucionario.

La reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emitida apenas ayer, ilustra esta burla: ocho años de "sanciones restaurativas" para siete ex jefes de las FARC por el secuestro de más de 21.000 personas, sin un solo día en prisión.

Creada en 2016 como pilar del acuerdo de La Habana, la JEP ha devorado recursos públicos equivalentes a más de 3,4 billones de pesos desde su creación, con un presupuesto anual que supera el billón y giros adicionales como los 260.000 millones recientes para ejecutar estas "sanciones" simbólicas.

Con miles de empleados y casi una década de operación, su primer veredicto contra el secretariado de las FARC se reduce a tareas como buscar desaparecidos o reforestar, mientras conservan curules en el Congreso, inmensos recursos públicos y derechos políticos intactos.

Esto no es justicia; es un insulto financiado por los impuestos de las víctimas y los colombianos.

Santos, con su izquierda aliada –esa que romantiza la guerrilla como "luchadores sociales" mientras ignora el terror que infligieron y que continúan haciéndolo–, prometió una paz sin impunidad. En cambio, entregó escaños gratuitos a criminales de lesa humanidad y desoyó al pueblo. Recordemos el plebiscito de 2016: el "No" ganó reflejando el rechazo masivo a concesiones excesivas para los peores asesinos, violadores, secuestradores y terroristas que ha parido esta tierra. Pero Santos, en un acto de arrogancia antidemocrática y con una inexplicable complacencia de quiénes se supone promocionaron el No, lo ignoró y lo impuso vía Congreso, traicionando la voluntad popular que tanto invoca la izquierda cuando le conviene.

Esta maniobra no solo socavó la democracia, sino que perpetuó un sistema donde victimarios de izquierda reciben privilegios, mientras las víctimas son revictimizadas, ignoradas y maltratadas por un tribunal hecho a la medida de los asesinos.

Hablemos de las víctimas: más de 10 millones registradas en el conflicto armado, con las FARC responsables de más de 127 mil muertes, 21 mil secuestrados, 12 mil niños y niñas reclutados y muchos de ellos sexualmente abusados y 50.000 desaparecidos.

Cientos de miles de familias destrozadas por décadas de violencia ven ahora cómo sus verdugos pasean libres, gracias a sus impuestos, mientras ellas luchan por indemnizaciones atrasadas y reconocimiento. La JEP, en lugar de sanar y recibir justicia, obliga a las víctimas a revivir traumas en audiencias complacientes, solo para que los culpables reciban "penas" que equivalen o se parecen más a unas vacaciones pagadas.

Madres de niños violados, asesinados y reclutados, viudas de secuestrados torturados, familiares de magnicidios políticos, comunidades desplazadas: todas son revictimizadas al constatar que la "paz" de Santos equivale a amnesia institucional y favoritismo ideológico. Porque eso sí, son ya decenas de casos en donde el alto Secretariado miente, intimida testigos y dice verdad a medias con total impunidad. Ni siquiera el “objetivo” tribunal logra tener la coerción y autoridad para que cumplan con el más mínimo de los requisitos: decir la verdad.

¿Dónde está la equidad o justicia cuando exFARC como Timochenko dirigen partidos políticos con fondos públicos, mientras víctimas rurales carecen del mínimo apoyo básico o asomo de justicia? Santos, obsesionado con su Nobel, vendió el país a una ideología fallida pero autoritaria y persistente: para la izquierda la impunidad que consiguieron para las FARC es una “victoria” revolucionaria y un paso más hacia su utopía socialista.

En conclusión, el acuerdo de La Habana no trajo paz, sino un pacto de elites de izquierda que revictimiza a los inocentes. Colombia necesita desmantelar esta farsa, restaurar el imperio de la ley y exigir penas reales. Solo así honraremos a las víctimas y conseguiremos justicia que traerá verdadera paz.

Nota: El hecho que las FARC haya conseguido impunidad, anima a los demás grupos narcoterroristas a exigir los mismos términos de negociación. Por eso, de materializarse la Paz Total, se habrá completado la segunda fase para consolidar un narcoestado en Colombia.