Narcos, tarimas y constituyente

Gustavo Petro, desde el inicio de su gobierno y a lo largo de su carrera política, ha manejado esta estrategia con maestría. Su ascenso al poder estuvo marcado por un discurso que, lejos de apaciguar, avivó las llamas del descontento. En su camino a la presidencia, mientras fomentaba el caos durante el mal llamado “estallido social” de 2021, Petro y su colectividad no solo respaldaron las protestas violentas, sino que las instrumentalizaron como herramienta electoral.

Recordemos que, en vísperas de las elecciones de 2022, la amenaza fue clara: si no ganaban, el país ardería con una furia aún mayor que la de las barricadas y los bloqueos de entonces. El mensaje era evidente: ganamos o enfrenten las consecuencias.

El libreto ha evolucionado, pero el objetivo se mantiene. La política de Paz Total, que nació durante el proceso electoral con los “Pactos de la Picota”, le ha permitido al gobierno cumplir en buena parte lo acordado en las cárceles con diversas organizaciones criminales de este país.

Los grupos guerrilleros han recibido todo tipo de beneficios: ceses al fuego, suspensión de órdenes de captura y extradición, cese de operaciones ofensivas, interrupción de investigaciones judiciales, zonas exclusivas para expandir su dominio y actividades criminales, protección de la UNP e incluso financiación estatal, a pesar de mostrar nula voluntad de paz.

Por su parte, los peores narcotraficantes del país se han convertido en invitados de honor del gobierno y hoy participan en un oscuro proceso, supuestamente de paz, liderado por la cuestionada senadora Zuleta. Este proceso parece buscar otorgarles estatus político para que, al igual que los guerrilleros, accedan a los beneficios de impunidad que suelen acompañar los procesos de paz en Colombia. Además, dicho evento fue, sin duda, una amenaza directa del gobierno a sus principales opositores regionales: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón.

Horas después de terminado el evento, narcotraficantes como alias “Douglas” y otros afirmaron que habían apoyado y financiado las campañas del alcalde de Medellín. No tardarán en decir lo mismo del gobernador y, con ello, el gobierno iniciará una infame persecución judicial y digital contra estos mandatarios regionales.

El sicariato moral contra los contradictores del petrismo no es nuevo; de hecho, comenzó en la campaña. Recordemos cómo la misma senadora Zuleta celebraba haber “quemado a Fajardo” o cómo Petro y sus bodegas afirmaron de manera macabra que la hija de Rodolfo Hernández seguía viva y encerrada en un manicomio. Más recientemente, basta leer cualquiera de los 43 trinos que Petro dedicó al senador Miguel Uribe antes de su atentado.

No sorprendería que las calumnias de los narcotraficantes contra el alcalde y el gobernador sean parte de los acuerdos para lograr su estatus político y, con ello, plena impunidad.

Todo esto no es casual, sino que forma parte de una estrategia electoral. Por ello, el gobierno no escatima en el espectáculo: cientos de miles de millones en tarimas, buses y publicidad, la mayoría administrados por RTVC y otras entidades, con el objetivo de promocionar electoralmente el proyecto del “cambio”.

La violencia exacerbada, el atentado a Miguel Uribe, las amenazas a los alcaldes y gobernadores opositores, la falta de garantías para la oposición, el crecimiento de todos los grupos armados y un aparato de propaganda que cuesta billones de pesos de nuestros impuestos crean un contexto electoral favorable no solo para el oficialismo, sino también para justificar la constituyente.

Petro sabe, y lo advertí en columnas anteriores, que el decreto de la Consulta Popular es abierta y descaradamente inconstitucional, al igual que el mecanismo con el que pretenden convocar la asamblea constituyente. Buscan, de manera desesperada, modificar la Constitución para perpetuarse en el poder, pero, para ello, necesitan generar el caos que obligue a la nación a tomar esa decisión.

Por eso, el vehículo para la constituyente será la Paz Total. Así como amenazaban en 2022, y como ya lo han dicho abiertamente personajes como Roy Barreras, si la izquierda no gana en 2026, habrá una “crisis violenta”. Como recordaba al inicio de esta columna, el libreto ha evolucionado, pero el objetivo es el mismo: el miedo como arma para ganar elecciones y perpetuarse en el poder.

¿Qué hacer? Cómo he venido insistiendo, no queda otro camino que la unión. Petro logra ganar y materializar sus objetivos dictatoriales si se enfrenta a una oposición dividida, desconectada y egocéntrica. Vuelvo y digo, se requiere de una alianza republicana o como quieran llamarla, que reúna a los sectores democráticos y pueda vencer al gobierno y a su maquinaria en los próximos comicios.