Olmedo López, UNGRD y María José Pizarro

Olmedo López, exdirector de la entidad y testigo estelar en las investigaciones, ha realizado diferentes declaraciones ante la Fiscalía y la Corte Suprema que siguen destapando un enredo de sobornos y maniobras políticas que muchos habíamos denunciado y señalado en los inicios del escándalo.

Aunque López, en las recientes declaraciones ante la Corte Suprema, no apunta directamente a la senadora María José Pizarro —exprecandidata presidencial y figura clave del Pacto Histórico—, sus revelaciones pintan un escenario donde su rol como vicepresidenta del Senado en ese momento plantea interrogantes que claman por respuestas. ¿Cómo es posible que una operación de esta magnitud, tejida a escasos pasos del despacho presidencial y que involucra a decenas de altos funcionarios, consejeros y ministros, pasara inadvertida para quienes manejaban las riendas del Congreso?

Según López, los sobornos entregados a Iván Name —hoy detenido— tenían un propósito calculado: que Name se ausentara de las sesiones, cediendo el control de la plenaria a Pizarro, a quien se refiere “como la mejor aliada” para facilitar y conducir debates cruciales, como el de la reforma pensional.

Name, de hecho, cedió el 60% de esas sesiones (como lo reveló la Silla Vacía), dejando a Pizarro al frente. Esto no es una imputación formal, pero invita a una reflexión inquietante: en un entorno donde los sobornos fluían para allanar caminos legislativos, ¿resulta creíble que la persona encargada de presidir no tuviera ni la más mínima intuición de las sombras que se cernían?

Pizarro ha sido rotunda en su defensa, negando cualquier conocimiento de las "andanzas" de Name, Calle, Ortiz o de López —a quien asegura no conocer ni haber hablado jamás— y limitando su actuación a lo estipulado en la Ley 5. Ha llegado incluso a amenazar con denuncias penales a quienes insistan en exigir claridad y que las autoridades investiguen, como en mi caso. ¿No es eso extraño? ¿No deberían, cuanto menos, la Procuraduría y la Corte Suprema investigar a la senadora, máxime cuando es mencionada por el testigo estelar? ¿No sería esta la mejor oportunidad para aclarar cualquier duda que se tenga y salvaguardar su reputación?

No obstante, estas vehementes negaciones por parte de Pizarro no borran el velo de incertidumbre; al contrario, lo espesan, generando un laberinto de dudas que superan con creces las explicaciones ofrecidas hasta el momento. Vuelvo a insistir: si este entramado involucraba a decenas de altos funcionarios, consejeros y ministros —todos orbitando el núcleo más alto del gobierno de Gustavo Petro—, ¿es concebible que operara en absoluto secreto ante la bancada oficialista, y particularmente ante sus voceros más prominentes? ¿Esconder dicha corrupta estrategia de la bancada y voceros no hubiera puesto en riesgo los objetivos finales del entramado? No acuso a nadie, pero es un simple ejercicio de lógica que espero la justicia haya realizado o esté realizando.

Los sobornos, recordemos, no se confinaron a reformas gubernamentales. Presuntamente, se extendieron a la aprobación de cupos de endeudamiento y, lo más alarmante, a la elección de magistrados. Por eso, la Comisión de Acusaciones investiga si la elección del togado fue influenciada o no por sobornos provenientes de la UNGRD.

Chats divulgados entre el equipo del magistrado Vladimir Fernández, Name, la exconsejera Sandra Ortiz —implicada en el caso— y otros actores mencionan de manera intrigante a Pizarro. No pretendo adjudicar culpas —esa es labor de la justicia, por más pausada que sea—, pero estos hilos sueltos hacen casi impensable que un esquema tan intrincado se urdiera sin rozar a quienes presidían las sesiones decisivas. ¿Coincidencia o algo más profundo?

Desde hace tiempo he señalado lo obvio: si esta red criminal apuntaba a favorecer las agendas del gobierno en el Congreso y se gestaba en las altas esferas, ¿ningún congresista del Pacto Histórico captó el más mínimo eco? ¿Ninguno de los funcionarios del ejecutivo les intrigó o mencionó nada al respecto? Difícil de creer.

La dedicación periodística ha sacado a la luz hechos que exigen escrutinio. Pizarro, como pilar del oficialismo, podría disipar estas nubes con la misma firmeza que despliega en sus réplicas: ¿por qué emerge su nombre en chats vinculados a la elección de Fernández? ¿Se produjeron reuniones en su despacho? ¿Qué se conversó exactamente? ¿Hubo insinuaciones, presiones o injerencias sutiles de Ortiz u otro funcionario del ejecutivo? ¿Está al tanto de alguna anomalía en esa elección? ¿Y qué hay de las ausencias de Name: eran meras casualidades o parte de un engranaje mayor? ¿Nunca sospechó?

Todos amparados por la presunción de inocencia, y como reza el adagio, quien nada debe, nada teme. Ojalá Pizarro aborde estos puntos con transparencia absoluta, como se lo he exigido insistentemente, desvaneciendo las sospechas que empañan su trayectoria y reputación. La ciudadanía anhela verdades. Como siempre, senadora, pendiente a su respuesta.