No se le puede exigir a las mujeres denuncias puntuales y nombres puntuales; no se puede revictimizar
En Colombia parece estar despertando el #MeToo. Y aún hace falta mucha información de hechos de acoso y abuso a mujeres por poderes ocultos.
Esta semana en Colombia algo cambió. Un embajador nombrado ante Emiratos Árabes Unidos decidió renunciar a su cargo por numerosas denuncias de acoso sexual en su contra. Aún con dos columnas publicadas justificándose, la presión de los medios y de las mujeres que compartieron espacios en aulas de clases con él ganó. Y por supuesto debe haber siempre derecho al debido proceso y a la garantía de la presunción de inocencia en todos los casos como principio de justicia. Pero una persona con tamañas acusaciones no puede desempeñarse en cargos públicos representando al Estado por sentido común y ético de la sociedad.
Sin embargo, aún no se explica por qué el nombrado embajador tuvo que renunciar y no fue el Gobierno el que canceló su designación para dar un mensaje de tranquilidad y coherencia a las mujeres que fueron siempre eje transversal de la campaña; no por nada en este Gobierno se decidió hacer un esfuerzo fiscal para crear el Ministerio de la Igualdad y darle desarrollo en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Es algo para corregir que haya sido el propio embajador nombrado el que decidió renunciar al nombramiento, y no el Gobierno el que haya respaldado las denuncias de las mujeres que dieron su testimonio en varios espacios, y por eso cancelado la designación. El presidente no se refirió al caso mientras estuvo de gira por Suiza. Pero en el país fue tema de discusión permanente hasta el anuncio de la renuncia. En un Gobierno en el que importan mucho las formas y los símbolos, faltó una comunicación diáfana para rechazar el acoso denunciado con uno de los suyos.
Ahora bien, esta semana muchas personas se quejaron de falta de nombres y denuncias puntuales ante la Fiscalía. Es cierto que no está bien jugar a las adivinanzas porque puede afectarse nombres de personas honorables. Pero tampoco se debe obligar a las mujeres que han sido víctimas a que queden expuestas denunciando con nombre propio y evidencias exactas los hechos de acoso sexual a los que están sometidas en las lógicas oscuras del poder.
Encontrar pruebas incontrovertibles de un hecho de acoso sexual cuando ocurre es muy difícil. Pero la defensa de los poderosos ante una acusación sin evidencia es muy fácil. Y quedar sometidas a los cuestionamientos de la sociedad sobre por qué, las dudas, y los juicios es sin duda revictimizante. Lo que debemos hacer desde los medios y la sociedad en general es respaldar a las mujeres sin renunciar a la presunción de inocencia y el debido proceso en lo penal.
No se trata de un tema para que se haga relevante en los medios durante un par de semanas y luego pase al olvido de la agenda trepidante de información diaria. La prioridad es la protección y la defensa de las mujeres que han sido acosadas, vulneradas y humilladas en su dignidad. Ante una denuncia de acoso, a la víctima no se le puede exigir que salga del anonimato, publique evidencias y señale nombres propios. No se trata necesariamente de denuncias penales. Se trata de un asunto estructural en el que como sociedad debemos revisarnos y acusar al poder en general; exponer los mecanismos de integración de las UTL en el Congreso y el lobby que también realizan ministros para ganarse el afecto de senadores y representantes.
En resumen, la aproximación del poder con las mujeres es lamentable y debemos dar esa reflexión para hacer las reformas necesarias con la iniciativa del Gobierno de la equidad. El fin último es que no haya mujeres vulneradas por congresistas hombres que se creen dueños de su dignidad, sus cuerpos, y los recursos del erario como canje para sus conductas repudiables.
@santiagoangelp
Director de NoticiasRCN.com