El futuro energético no es un favor ni una idealización, es una necesidad para los colombianos

La semana mundial de la Pobreza Energética nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre una de las injusticias más apremiantes de nuestro tiempo: la falta de acceso a una energía asequible y sostenible para millones de personas en todo el mundo.

En un momento en que la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible es más urgente que nunca, es fundamental reconocer y abordar la pobreza energética como un desafío prioritario que afecta a comunidades vulnerables en todas partes.

El acceso a la energía es un requisito básico para el desarrollo humano y la prosperidad económica, la pobreza energética persiste como una grave injusticia social y una amenaza para el medio ambiente. Desde una perspectiva social, la pobreza energética afecta desproporcionadamente a los grupos más vulnerables de la sociedad, incluyendo a aquellos con bajos ingresos, personas mayores, niños y personas con discapacidades.

Hoy en día, el no poder contar con un servicio básico como lo es la energía puede tener consecuencias devastadoras en la salud, el bienestar y la calidad de vida de estas comunidades, exacerbando la desigualdad y la exclusión social.

Además de sus impactos sociales, la pobreza energética también tiene graves consecuencias ambientales. La dependencia de fuentes de energía no sostenibles, como el carbón, el petróleo y la leña, contribuye a la contaminación del aire, el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Además, la falta de acceso a tecnologías de energía limpia y renovable perpetúa un ciclo de dependencia de combustibles fósiles y una huella ecológica insostenible.

Desde Greenpeace, creemos que, para abordar eficazmente la pobreza energética, es fundamental adoptar un enfoque integral que reconozca la interconexión entre los aspectos sociales y ambientales del problema.

Esto requiere políticas y programas que promuevan el acceso equitativo a la energía, fomenten la eficiencia energética y la transición hacia fuentes de energía renovable y sostenible.

Combatir la pobreza energética no solo es una cuestión de justicia social, sino también una imperativa ambiental urgente. Al abordar las causas subyacentes de esta problemática y promover soluciones sostenibles, podemos avanzar hacia un futuro más justo, digno, próspero y respetuoso con el medio ambiente para todos.

Según el índice Multidimensional de Pobreza Energética (Impe) de Colombia, se encontró que 18,5 % de los colombianos se encuentran en situación de pobreza energética, que se traduce en 9,6 millones de ciudadanos.

De igual manera, el estudio revela que, si bien 97 % de los hogares tienen energía eléctrica, 61,8 % de los colombianos viven en municipios con mala calidad de este servicio y 47,4 % cocina con leña, carbón y desechos. Por lo que, es evidente la brecha existente entre contar con un servicio que aún llega en malas condiciones a los hogares y contribuye a las desigualdades y en lo que tenemos como objetivo de disminuir las cifras de pobreza energética.

Es por ello, que durante la semana Internacional de la Pobreza Energética, hacemos un llamado a la acción a nivel mundial para redoblar nuestros esfuerzos en la lucha contra esta injusticia arraigada. Juntos, podemos trabajar hacia un futuro donde la energía sea accesible para todos, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras ni el del planeta que compartimos.

El plástico se ha convertido en una de las grandes problemáticas para el medio ambiente. Sin embargo, entre más pasan los días, más nos dejamos envolver por este enemigo silencioso. Y es que entre los envases de las bebidas, el Vinipel de las frutas y verduras, los recipientes de los productos de consumo diario, los pitillos y los cubiertos desechables, encontramos que a hoy, en Colombia se consumen 1.250.000 toneladas de plástico por año. ¿Pero qué se está haciendo para controlarlo?

A medida que nos dirigimos a la ronda final de la aprobación del tratado mundial de plásticos, en la que se revisará el “Borrador de Tratado Cero”, en abril de 2024 en la INC-4, luego de que el mes pasado se reunieran 175 países en Kenia, los líderes mundiales deberán empezar a asumir la realidad: la única manera de abordar la crisis de los plásticos y evitar los peores efectos de la emergencia climática es establecer normas ambiciosas que reduzcan significativamente la cantidad de plásticos producidos.

Por supuesto, los líderes a nivel global tienen la oportunidad de ser ambiciosos y, si fracasan, todos saldremos perdiendo.

Los datos son claros. La producción mundial de plástico se duplicó entre 2000 y los últimos años, alcanzando los 460 millones de toneladas (Mt) anuales. Si no se toman medidas se prevé que casi se triplique para 2050 y que consuma el 13% o más del presupuesto de carbono que le queda a la Tierra para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C.

Solo en Colombia, cada persona desecha 24 kilos de plástico anualmente, de los cuales el 74% de los envases termina en rellenos sanitarios, invadiendo las ciudades y contaminando mares, ríos y manglares.

Según un informe realizado por la Clínica Jurídica de Salud Pública y Medio Ambiente (MASP) de la Universidad de los Andes, en conjunto con Greenpeace, el uso masivo e irreflexivo del material plástico ha culminado en una problemática ambiental cuyos efectos atraviesan a una  multiplicidad de actores.

En efecto, su desenvolvimiento se percibe tanto desde la instancia gubernamental, en la ejecución de leyes y en la reglamentación de su uso, como desde la concreción de proyectos privados por parte de compañías que  comercializan diversos productos.

*Coordinadora de Campañas para Greenpeace Colombia.