Cada día en el país se reciben 349 quejas por atención a pacientes con covid-19

En los seis meses que completa la pandemia en Colombia, en promedio cada día la Superintendencia Nacional de Salud recibe 349 quejas de los usuarios del sistema de salud por irregularidades presentadas en la atención de pacientes con coronavirus.

“En el marco de la emergencia sanitaria, la Supersalud ha garantizado más de 1’200.000 atenciones a los usuarios del sistema, de estas 62.898 corresponden a servicios o patologías relacionadas con covid-19”, afirma Luz Nayibe López Suárez, directora de Atención al usuario de la Supersalud.

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Una situación que los ha obligado a acudir a la Supersalud, para que sirva de intermediaria por las innumerables fallas en la toma de pruebas de covid-19 que determinen el diagnóstico del paciente o en la asignación de cama en una unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con la funcionaria, las multas se han impuesto “por motivos como demora en toma de muestras, demora en atención domiciliaria y falta de oportunidad en la asignación de citas con medicina general”.

Además, esta semana la entidad impuso multas por incumplimientos de algunos laboratorios en el marco de la emergencia. 

Estos reclamos también han sido puestos en evidencia por la Procuraduría y la Contraloría desde varios meses atrás durante la pandemia.

En julio, Noticias RCN presentó un informe de la Procuraduría que revela las demoras en la entrega de los resultados de las pruebas covid-19. El documento muestra cifras preocupantes, como, por ejemplo, que en ese momento en Norte de Santander había 5.498 muestras sin entregar.

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El ente de control también señaló que en poblaciones apartadas como Arboleda, Nariño, los tiempos de entrega de resultados son de 38 días lo que genera desesperación en los pacientes, al igual que en departamentos como Caquetá, que tenía ese mes a la espera 1.296 pruebas o Atlántico que tenía represadas 1.599.

Para la Procuraduría es grave que no exista información actualizada sobre las pruebas y manifiesta estar presta a tomar decisiones disciplinarias con EPS que demoren injustificadamente las pruebas de covid-19.