Defensoría alertó que Supersalud le está poniendo trabas a los usuarios para presentar quejas

La Defensoría del Pueblo le hizo un llamado de atención a la Superintendencia de Salud por impedir que las quejas de los usuarios se tramiten con facilidad.

“Supersalud no puede concebir la salud como un servicio público, sino como un derecho fundamental”: defensor del Pueblo

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, dijo que “la Supersalud no puede concebir la salud como un servicio público, sino como un derecho fundamental”, al asegurar que la entidad está poniendo trabas para la recepción de quejas por parte de los usuarios.

Según contó Camargo y en medio de las vigentes intervenciones a las EPS, la Superintendencia está “obligando a que los usuarios previamente hagan sus peticiones a las entidades promotoras de salud”.

En caso de no tener respuesta de la EPS, las personas sí pueden comunicarse con la Superintendencia.

Se ha evidenciado que las peticiones de los usuarios del sistema resultan en un mero trámite y no son respondidas en formas adecuadas y oportunas.

Por esta situación, Camargo le pidió al Gobierno ejercer la función de regulación, vigilancia, inspección y control de las aseguradoras y prestadoras de salud; a partir de un enfoque de derechos humanos: “Tanto autoridades como particulares que participan en el sistema de salud deben garantizar los derechos humanos, bajo la tutela permanente del Estado”.

El defensor del Pueblo fue enfático en asegurar que poner trabas en el trámite de las quejas de los usuarios conlleva a un retroceso en la normativa legal amparada por la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional y la ley estatutaria 1751 de 2015 del Congreso.

Defensorías regionales están habilitadas para atender las quejas

Camargo también pidió que las rutas de atención de quejas de Supersalud estén habilitadas las 24 horas durante los siete días de la semana.

“En los casos requeridos, es fundamental garantizar la gestión directa, especialmente en los territorios más alejados y donde no se cuenta con servicios adecuados de salud”, aseguró el defensor del Pueblo.

Del mismo modo, la Defensoría le solicitó a la Superintendencia información de acceso público sobre los indicadores financieros, jurídicos y de servicio, junto al número de PQRS contra las EPS, principalmente las intervenidas.

A su vez, pidió la información excluida en su portal web durante el último año: “Es preciso garantizar la aplicación de la Ley 1712 y demás normas de transparencia en la gestión pública”.

Para los usuarios, la Defensoría informó que dispuso de sus 42 defensorías regionales para atender la atención de las quejas.