“Nueva EPS no está en capacidad de recibir tres millones de usuarios”: alerta director de Unips

Continúan las reacciones frente a la decisión del Gobierno Nacional de dejar en firme el decreto que obligará a cerca de seis millones de usuarios a cambiar de EPS. De ellos, aproximadamente tres millones serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que ya enfrenta serias dificultades financieras y operativas.

En entrevista con Noticias RCN, Jorge Toro Rivera, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia (Unips), advirtió que, aunque el decreto puede tener fundamentos técnicos, “no es el momento para que hubieran expedido el decreto”.

Según Toro, la medida podría agravar la crisis actual del sistema de salud, especialmente por el volumen de afiliados que asumiría la Nueva EPS.

¿Está preparada la Nueva EPS para recibir tres millones de usuarios?

La Nueva EPS, que tiene presencia en la mayoría de municipios del país y concentra buena parte del régimen subsidiado, sería la principal receptora de los traslados.

Sin embargo, Toro fue enfático: “La respuesta es no, no estaría ni en condición financiera ni en una condición operativa para poder garantizar la atención integral”.

El directivo explicó que la EPS enfrenta una “grave crisis de red de prestación de servicios”, especialmente en niveles de mediana y alta complejidad. Clínicas y hospitales han suspendido servicios debido a deudas acumuladas, lo que ha reducido su capacidad de respuesta.

A esto se suma que, según revelaciones recientes, la entidad tendría deudas cercanas a los 15 billones de pesos con la red prestadora. “Esto es imposible”, afirmó Toro, al cuestionar cómo se garantizará la atención si “hoy nos prometen 100 pesos y esos 100 pesos no llegan”.

El dirigente gremial también planteó inquietudes sobre la transparencia financiera: “No conocemos el verdadero estado financiero” de la entidad, más allá de los balances preliminares conocidos.

Pacientes de alto costo, mujeres embarazadas y presos: las mayores preocupaciones

El decreto contempla un tratamiento especial para pacientes de alto costo y mujeres en embarazo. No obstante, Toro advirtió que el problema no es normativo sino práctico: “El problema no está en redactarlo, el problema es que el paciente efectivamente tenga la garantía de que eso va a suceder”.

En ese sentido, recordó que actualmente ya existen traumatismos en la entrega de medicamentos y en la continuidad de tratamientos para pacientes con cáncer, VIH y enfermedades raras.

Además, el Gobierno evalúa un proyecto para trasladar a la población privada de la libertad a la Nueva EPS. Para Toro, esta población “podría estar incluida en el decreto”, dado que las cárceles están distribuidas en todo el territorio nacional.

Desde la perspectiva de las IPS, la preocupación es estructural: con una red cada vez más cerrada por falta de pago, garantizar continuidad en tratamientos de alto riesgo resulta complejo, incluso sin traslados masivos.

Riesgo jurídico y posible capitalización

El director de Unips también alertó sobre la viabilidad jurídica del decreto. Recordó que una versión anterior fue tumbada y que algunos expertos consideran que lo dispuesto podría ser competencia del Legislativo y no del Ejecutivo, lo que abriría la puerta a demandas ante el Consejo de Estado.

Frente a si esta decisión podría ser una forma del Gobierno de capitalizar a la Nueva EPS mediante el ingreso de nuevas Unidades de Pago por Capitación (UPC), Toro respondió: “Yo pensaría que esa es la finalidad”.

Mientras el Gobierno avanza en la implementación del decreto, clínicas y hospitales aseguran que atenderán a la nueva población que llegue. Sin embargo, insisten en que sin reglas claras de pago y sin saneamiento financiero previo, el traslado masivo podría poner en “alto riesgo” la operación del sistema y la continuidad en la atención de millones de colombianos.