Organizaciones médicas denuncian crisis humanitaria tras la muerte de Kevin Acosta
En el comunicado, las asociaciones también pidieron respeto irrestricto por la confidencialidad de las historias clínicas.
Noticias RCN
12:31 p. m.
Más de una decena de asociaciones médicas, científicas y de pacientes emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian la grave crisis humanitaria que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
El pronunciamiento se centra en el caso de Kevin Acosta, un niño diagnosticado con hemofilia que dejó de recibir tratamiento por parte de la Nueva EPS en diciembre de 2025 y falleció el pasado viernes 13 de febrero después a causa de un sangrado tras una caída en bicicleta.
Las organizaciones expresaron solidaridad con la familia y rechazaron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro, por considerarlas “lesivas” para los pacientes y familiares afectados. También cuestionaron la divulgación pública de información clínica del menor, señalando que se trata de datos sensibles protegidos por la ley.
Colapso financiero y cierre de servicios
El comunicado advierte que la Nueva EPS, bajo control del Gobierno desde hace dos años, enfrenta una grave crisis financiera que ha derivado en retrasos de pagos, facturas sin procesar y afectación de su patrimonio.
Según expresaron los firmantes, esta situación, sumada al cierre de más de 9.000 servicios de salud entre 2024 y 2025, ha reducido la capacidad de atención en hospitales, clínicas e IPS, dejando a miles de pacientes sin acceso oportuno a tratamientos.
En la carta también alertaron sobre las condiciones críticas del talento humano en salud, con deudas de hasta cuatro meses en honorarios y extensas jornadas laborales en medio de la incertidumbre.
Exigencias y llamado a la movilización
Las asociaciones exigieron al Gobierno Nacional rectificar públicamente sus declaraciones y ofrecer disculpas a la madre de Kevin Acosta.
Además, pidieron respeto irrestricto por la confidencialidad de las historias clínicas, la implementación inmediata de un plan de choque para garantizar medicamentos y tratamientos, y la investigación de presuntos hechos de corrupción en el manejo de recursos públicos de la salud.