Procuraduría pone la lupa sobre la Nueva EPS y pide investigar al exministro Guillermo Jaramillo
13 funcionarios están en la mira por la grave situación de la Nueva EPS presente en los últimos años.
Nicolás Martínez Sánchez
02:56 p. m.
Un informe de la Procuraduría revela el grave deterioro de la Nueva EPS tras casi dos años de intervención estatal. Además, solicita investigación disciplinaria contra 13 exfuncionarios que estuvieron en el gobierno Petro, incluyendo al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
El documento del Ministerio Público, conocido por Noticias RCN, señala que la intervención no acredita los resultados suficientes para mejorar las condiciones de acceso a servicios de salud ni tampoco la sostenibilidad financiera.
Aumento en quejas y problemas en acceso a medicamentos
Entre los exfuncionarios señalados hay siete exsuperintendentes y cinco interventores que habrían incurrido en posibles faltas disciplinarias.
Las cifras evidencian un deterioro alarmante en la atención. Por ejemplo, las peticiones, quejas y reclamos se duplicaron, pasando de 451.000 en 2023 a casi 935.000 en 2025.
Durante el primer trimestre de 2026, se registraron 216.308 PQRS, de las cuales más de la mitad continuaban sin ser resueltas. Según la Procuraduría, ya no son un mecanismo eficaz para acceder a los servicios de salud.
Los principales problemas se concentran en el acceso a medicamentos y consultas especializadas. Se registraron 48.178 reclamos abiertos por falta de acceso a fármacos y 26.700 por dificultades con citas de especialistas.
El panorama judicial tampoco es alentador. A lo largo del primer trimestre de 2026 se presentaron 40.668 tutelas contra la entidad, de las cuales 31.588 permanecían abiertas. El promedio pasó de aproximadamente 5.000 en 2023 y casi 13.000 durante el primer trimestre.
Los saldos rojos de la Nueva EPS
La alerta también es financiera, porque la Procuraduría reportó un patrimonio negativo proyectado de $ 11.94 billones de pesos y un rezago de $ 12.98 millones de facturas por más de 13.5 billones de pesos.
Sumado a ello, el informe advierte que la situación financiera y del acceso a los servicios de salud se ha deteriorado seriamente desde la implementación de la medida.
El documento plantea posibles responsabilidades de los interventores, la Superintendencia de Salud por su selección y vigilancia; y el Ministerio de Salud por su papel como rector del sistema.